Urbanización sin justicia social en la ciudad insostenible

La política municipal tiene más importancia de la que creemos. Un reciente informe resalta la creciente desigualdad e injusticia en muchas ciudades y los gastos desorbitados en infraestructuras no esenciales mientras se privatizan servicios públicos (que no llegan por igual a las distintas capas sociales). En muchos casos, los que tienen la llave para resolver los problemas son los responsables de la creación de los mismos. El informe concluye, entre otras cosas, que es necesario aumentar la democracia y la transparencia, e introducir una mayor austeridad en la ciudadanía en general.

Por Nuria del Viso @ndelviso, de FUHEM Ecosocial

Las incertidumbres planteadas por el cambio climático de origen antropogénico constituyen una fuente de inestabilidad de amplio espectro que plantea preocupantes interrogantes en las ciudades. Un enfoque sobreexplotador de la actividad económica confluye con el calentamiento global en la destrucción de hábitats, conformando un peligroso cocktail de factores en interacción. Los efectos del cambio climático –sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de productividad de la tierra, desecación de lagunas y cauces de agua…− obligan al desplazamiento continuado de millones de personas: cada año más de 15 millones se ven forzadas a abandonar sus hogares para hacer sitio a las infraestructuras del “desarrollo económico”.

Todo ello conforma una cadena de “microexpulsiones”, como las ha denominado Saskia Sassen [1], que provoca el éxodo hacia las ciudades, acelerando el rápido aumento de la urbanización mundial. Buena parte de la población expulsada de los entornos rurales acaba engrosando las villas miseria, favelas, comunas y slams, ya sea dentro de su país o, si siguen viaje, en las urbes del Norte global. Entre 2000 y 2013, la población en asentamientos precarios creció un 20%, pasando de 725 millones de personas a 860 millones, y sigue en aumento: los cerca de 1.000 millones de personas que habitan hoy en estos suburbios podrían triplicarse en 2030 [2]. Buena parte de la población expulsada ocupa las zonas más marginales y vulnerables de la ciudad, cuya fragilidad se multiplica ante los fenómenos meteorológicos extremos.

El cambio climático influye en el bienestar de la ciudadanía urbana

El ritmo de crecimiento de las ciudades en un contexto de cambio climático plantea serios dilemas sobre el bienestar de la población urbana, especialmente en el Sur global. Jim Jarvie y Richard Friend examinan algunos de ellos en el informe La situación del mundo 2016, recién publicado. Jarvie y Friend se hacen eco del hecho de que las poblaciones pobres cada vez se ven más abandonadas a su suerte y formulan propuestas de choque ante esta situación.

La primera tensión que se trasluce del texto de Jarvie y Friend se relaciona con el hecho de que los ayuntamientos, que son las instituciones mejor situadas para conocer las necesidades locales y elaborar soluciones a medida, se debaten frente al reto de abordar problemas de dimensión global y afrontar a la vez una perenne escasez presupuestaria. En el contexto español, las capacidades de los gobiernos locales han sido socavadas con mayor gravedad desde la imposición de medidas de austeridad presupuestaria y la limitación de sus competencias, que no responden ni toman en cuenta los desafíos que plantea el calentamiento global. Décadas de laise faire y de fomento de la esfera privada han llevado las inversiones en servicios públicos a su mínima expresión, lo que ha degradado y sobresaturado las infraestructuras en muchas ciudades, y no solo en el Sur global; por ejemplo, las ciudades estadounidenses también han sido escenario de épicos apagones por saturación de una red eléctrica envejecida.

La ciudad mercantilizada empobrece a su ciudadanía

La segunda fricción se refiere a la creciente mercantilización de la ciudad, con el aumento de la especulación del suelo, que incluye las recalificaciones de terrenos vulnerables y tierras agrícolas (véase un ejemplo en Málaga). Estas dinámicas desencadenan procesos de gentrificación (o elitización) de los cascos históricos y la expulsión de poblaciones a zonas más modestas. Los autores citan el ejemplo de Nom Pen (Camboya), donde se han creado hasta 40 polígonos de reasentamiento fuera de la ciudad para acoger a la población desplazada por la especulación y la gentrificación del centro urbano. Estos procesos suelen ir de la mano de la privatización de los servicios públicos municipales, como hemos visto en las últimas décadas. Esta privatización de servicios esenciales −que, como sugieren los autores, condicionan las políticas públicas− ya han mostrado que son ineficaces para incrementar el bienestar social de las mayorías; de ahí, que se esté revirtiendo esta dinámica y se extiende la remunicipalización de los servicios en muchas ciudades.

La tercera cuestión, vinculada con la anterior, apunta a la contradicción entre la enorme demanda desatendida de servicios básicos de los grupos urbanos más pobres, al tiempo que se destinan sumas astronómicas a la construcción de grandes infraestructuras redundantes o innecesarias (como algunas autopistas). Los autores subrayan los desfases existentes entre necesidades y servicios disponibles en las ciudades latinoamericanas, asiáticas y africanas –ciudades que crecen a un ritmo sin precedentes−, lo que deja a amplias capas de población sin acceso a servicios básicos. Pero además, lejos de revertir este desfase, las desigualdades se profundizan. Los autores citan el ejemplo de las canalizaciones de agua de Yakarta (Indonesia) que cubren principalmente las zonas donde habitan la clase media y alta, así como el área empresarial, ignorando los distritos de menor renta. Esto supone negar un derecho esencial a los pobladores más pobres, que tienen que gastar más para comprar agua embotellada y emplear más tiempo en recogerla diariamente. Todo ello ahonda la segmentación socioespacial y profundiza las desigualdades en el entorno urbano.

Sin embargo, ante la creciente desigualdad en la ciudad, la respuesta ha sido ignorar la pobreza urbana e incrementar la segregación socioespacial a través de una creciente privatización de los espacios. Urbanizaciones cerradas y espacios de ocio privatizados son ejemplos de la separación generadora de exclusión. La última quimera es la de las “ciudades inteligentes”. Los autores se refieren al programa Smart Cities de la India que proyecta construir un centenar de ciudades “inteligentes” y renovación de otras 500. Sin embargo, como indican los autores, resulta muy cuestionable que este tipo de proyectos logren ciudades más habitables e inclusivas, especialmente cuando contemplan la creación de zonas económicas especiales exentas de impuestos y de normativas laborales y con una gobernanza privatizada “al servicio de una elite privilegiada”.

En cuarto lugar, en un contexto en que las políticas públicas a nivel local son más decisivas que nunca, se afrontan “lagunas de gobernanza urbana”, como aseguran los autores, en ordenación territorial e infraestructuras. Las dinámicas en los procesos de decisión de las políticas municipales ponen de manifiesto graves carencias democráticas, algo común en los conflictos espaciales y socioecológicos en general. Aún más, los agentes privados, al servir como financiadores de partidos políticos a cambio de concesiones públicas, tienen cada vez más peso en la definición de las políticas, lo que −como indican los autores− constituye la antítesis de la democracia. Un mayor poder corporativo en la definición de las políticas locales significa una verdadera privatización de la política institucional, lo que resulta aún más preocupante que la previa privatización de los servicios públicos.

La solución la tienen los culpables

Por último, se plantea la paradoja de que quienes están oficialmente a cargo de adoptar las políticas públicas y de prevención y mitigación frente al cambio climático son, precisamente, los responsables de crear estos problemas. Así, los autores apuntan que implementar cambios de calado en la ciudad “resulta enormemente problemático en la práctica”. Esta afirmación explica porqué es necesario un profundo proceso de regeneración política, que cambie por completo el enfoque hacia los problemas urbanos y también a las personas que los llevan a cabo. Los autores del artículo descargan en la espalda de “los responsables políticos más visionarios el control de toda una serie de intereses y de valores poderosos pero contrapuestos”. Pero ningún político, por visionario que sea, podrá aplicar las medidas de control necesarias y los cambios que exige el presente si no es con el respaldo de amplias mayorías sociales, entre las que la población urbana desempeña un papel destacado; esto nos interpela a todos los urbanitas.

Democracia y rápida urbanización no suelen ir de la mano, afirman los autores. En efecto, la democracia ha experimentado graves retrocesos en la era neoliberal. En el mundo más complejo y exigente de crisis ecológica será imperativo la óptima organización de los recursos disponibles de cara a garantizar el bienestar social; ello debe correr paralelo a estilos de vida guiados por la sobriedad donde hoy funciona el despilfarro (principalmente entre los grupos sociales acomodados y ricos del Norte y del Sur global). Si la “cultura del pelotazo” se impuso durante el tiempo de bonanza económica y de burbuja inmobiliaria, abordar el cambio climático en las ciudades exige, precisamente, lo contrario: más transparencia, más apertura en la toma de decisiones, una escrupulosa rendición de cuentas y, en definitiva, más democracia, o lo que podríamos llamar una democracia “de alta intensidad”.

Los autores apuntan a que “necesitamos urgentemente un futuro urbano transformador, socialmente justo, inclusivo y viable en términos ecológicos”. El caso español, con el ascenso de las nuevas fuerzas municipales en un buen número de municipios, constituye un ejemplo prometedor para hacer de la ciudad la llave para implementar una agenda urbana verdaderamente transformadora. Así lo recoge la declaración de las alcaldesas de Madrid, Barcelona y París publicada con motivo de la celebración de Habitat III, que equilibre la sostenibilidad ecológica con la social y que, en definitiva, suponga un paso adelante en la justicia social.

Referencias:

• [1] S. Sassen, Expulsiones, Katz, Buenos Aires, 2015.

• [2] ONU Hábitat define el asentamiento precario a partir de cinco características: acceso inadecuado a agua potable; acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento; calidad estructural reducida en la vivienda; superpoblación; estatus residencial precario. Disponible en: http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/

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