La Paradoja o la Socrática Ignorancia Española… con los animales

Para evaluar una sociedad o país hay que tener en cuenta muchos factores. España es un país maravilloso por millones de esos factores y así lo corroboran habitualmente tanto sus habitantes como los millones de visitantes que recibimos cada año. Sin embargo, hay cuestiones de las que, como españoles, no podemos presumir y que a muchos de nosotros nos avergüenzan y nos humillan. No sabemos si se trata de una paradoja española, tal vez estupidez o, siendo benévolo, simplemente ignorancia, pues ya decía el ateniense Sócrates (469-399 a.C.) que el mal es producto de la ignorancia.

El 19 de Septiembre de 2005 saltaba una noticia que, por otra parte, no era demasiado novedosa: La consejería de Medio Ambiente de Galicia impone una multa de 6.000 euros a una vecina de Neda (La Coruña) por maltratar de forma cruel e injustificada a un burro de su propiedad, que murió tras una larga agonía. Según la consejería, la mujer «se ensañó de forma injustificada» con el burro de forma absolutamente inadmisible desde el punto de vista de la legislación de protección y bienestar animal. Aunque la multa es cuantiosa no es la primera y otras sanciones similares han sido impuestas por toda la geografía española.

Estos datos son un síntoma claro de que España es un país sensible al sufrimiento animal.
Debido al descentralismo «de moda» en España, cada región o comunidad tiene su propio sistema legislativo y desenmarañar el «lío de leyes» de nuestra España es una tarea sólo apta para leguleyos sin otros quehaceres y políticos normales que, dicho sea de paso, son los mayores beneficiarios de tanta autonomía, y si no lo creen, calculen cuántos políticos hay en España y comparen con otros países mejor gestionados. Decíamos que este «lío de leyes», además de dar de comer a muchos políticos, es aprovechado por otros, dicho sea de paso, para hacer caso omiso de las mismas.

También se traduce este «lío de leyes» en muchas sanciones a España del Tribunal europeo de Luxemburgo que dejan en evidencia el sistema español de protección ambiental. Al incumplimiento reiterado de España a las leyes europeas se refería, con razón, Alejandro Sánchez (director ejecutivo de SEO) al decir en un editorial de «La Garcilla» (2005) que «algo hay podrido en nuestro sistema de protección ambiental» porque no para de «demostrarse la inoperancia de los mecanismos autonómicos y estatales«. Y las administraciones locales son aún más peligrosas, como lo demuestra la construcción masiva en espacios naturales recalificados para que todo sea legal. En España resulta legal construir, por ejemplo, un circuito de Formula 1 con hoteles y demás construcciones en una zona declarada «Reserva de la Biosfera» por la UNESCO, cosa que se ha hecho en Ronda (Málaga).

No queremos aburrir con datos legales de este «lío de leyes» español. Pero veamos tan sólo algunos rasgos de la legislación de protección animal. Por ejemplo, la Ley de Protección de los Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad de Galicia (de 1993) cataloga en su art. 22 como infracción grave «la organización y celebración de espectáculos, peleas u otras actividades con animales que impliquen crueldad o maltrato o puedan ocasionarles sufrimientos». En otras comunidades sus leyes dictan artículos similares. Otro ejemplo: La Ley de Protección de Animales del País Vasco prevé multas de hasta 15.000 euros para quienes maltraten a un animal.

Así pues, todas las leyes al respecto prohiben explícitamente «maltratarlos, agredirles físicamente o someterlos a cualquier otra práctica que les produzca sufrimientos o daños físicos o psicológicos». Además de «matarlos por juego o perversidad o torturarlos» (art. 5 de la ley 22/2003 de Cataluña).

Para no dejar dudas del respeto de los españoles por los animales, en España son ilegales las peleas de perros, de gallos o de cualesquiera otros animales y de hecho, están muy mal vistas socialmente. En algunas leyes (como la ley de Andalucía 11/2003) se considera infracción grave la mera asistencia a peleas con animales, aunque también es justo decir que se siguen celebrando clandestinamente. Otro dato: Algunos cazadores tienen la costumbre de ahorcar o abandonar a sus perros cuando termina la temporada de caza, pero son actos minoritarios y que, aunque ocurren con demasiada regularidad, escandalizan prácticamente a cualquier español. También hay en España y en toda la Unión Europea leyes que regulan cómo se puede matar a un animal de granja para reducir su sufrimiento, cómo deben transportarse para garantizar un trato digno y unas condiciones mínimamente aceptables y hasta se regula el trato que debe darse a los animales víctimas de la experimentación humana o que aparezcan en filmaciones.

La misma ley andaluza citada anteriormente regula hasta la longitud mínima de la cuerda con la que se ate a un perro y establece que éstos deben disponer de un mínimo de una hora al día «libres de ataduras». También obliga, como es lógico, a que se recojan las defecaciones que el perro deposite en lugares públicos.

El respeto a los animales es algo justificado por grandes filósofos y por una ética bastante elemental, además de avalado por la UNESCO y la ONU en su «Declaración Universal de los Derechos del Animal» de 1978.

Pues en esta Europa tan moderna y tan respetuosa con los animales, todavía existe una excepción que hasta figura en las leyes que hemos citado. Esas leyes prohíben torturar a un animal excepto que ese animal sea un toro y se torture públicamente, con ánimo de lucro o por mera diversión o entrenamiento. Es cierto que la ley de Cataluña en el mismo artículo (el 6) en el que prohíbe las «matanzas públicas de animales» también protege a los menores de 14 años prohibiéndoles el acceso a las corridas de toros. La ley olvida mencionar que por televisión se retransmiten usualmente en horario infantil. No aclara la ley las razones de estas excepciones, pero es evidente que se amparan en la tradición.

Por tradición se han cometido y se siguen cometiendo grandes barbaridades: desde la lapidación de seres humanos u otros tipos de pena de muerte, hasta la ablación de las mujeres en muchos países, pasando por bodas concertadas, la negación de la educación (especialmente a las mujeres) o muchos otros rituales tradicionales, contrarios a los Derechos Humanos o Animales. Por tanto, para justificar algo no vale el argumento de la tradición, como bien decía Rosa Montero en un artículo periodístico.

En una desesperada búsqueda de argumentos, algunos afirman que gracias a que se torturan los toros en lugares públicos, se pueden conservar preciosos campos y dehesas, además de esa especie animal. Tal argumento, aunque fuera cierto, sería absurdo, porque en España hay muchas zonas protegidas por motivos menos sangrientos y nadie aplaudiría la tortura de un lince ibérico (Lynx pardinus) para conservar la especie (y eso que es el felino más amenazado del planeta). Los taurinos usan otros argumentos sin fundamento para defender sus torturas.

El sufrimiento del toro en una plaza de toros es algo bárbaro cuyos únicos argumentos de peso son sencillamente el placer que le produce verlo a una minoría y los grandes beneficios que reciben los que se ganan la vida con ese sufrimiento. No hay más. Son actos que van en contra de las propias leyes europeas y españolas (si no hicieran tal excepción explícita) y contra la «Declaración Universal de los Derechos del Animal» (que no hace ninguna excepción) y que en su artículo 3 dice que: «Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles». En el artículo 11 también dice que: «Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida».

Contrarios a esos artículos también lo son algunos espectáculos en declive que hay por los pueblos de España. Por ejemplo, en Tordesillas (Valladolid, España) un toro es torturado hasta la muerte entre las calles del pueblo (prohibido ya desde 2016). El toro es atacado con lanzas durante horas hasta que cae desangrado y muere. Similar tortura recibe el toro de Coria (Cáceres, España), donde se le lanzan cientos de dardos que quedan clavados en la piel del animal. Las protestas de miles de ciudadanos están acabando lentamente con estas atrocidades. En México y otros países hispano-americanos también se torturan animales, una herencia de la España colonial.

Resulta paradójico en nuestra España, que sea legal y lucrativo torturar públicamente toros y cueste 6.000 euros torturar un burro en privado. Tal vez, la mujer gallega multada podría haberse librado de pagar la multa si hubiera alegado que en su familia es tradición apalear a los burros, porque parece que en España se respetan bien las tradiciones, sean las que sean… Si como españoles, muchos no entendemos ese absurdo, ¿cómo nos verán fuera de nuestras fronteras?.

La cruel caza del zorro inglesa desapareció en el Reino Unido en este siglo XXI, seguida de cierta polémica, pero sin mayores traumas. Ese tipo de caza era, como lo son las corridas de toros, contraria a la legislación de la Unión Europea. Evidentemente, nadie duda que las corridas de toros desaparecerán más pronto que tarde, y si algún taurino no piensa así baste recordarle que los romanos no creerían que sus luchas de gladiadores estarían prohibidas en la misma Roma. Ya son muchos los que piden que no se subvencionen espectáculos taurinos con dinero público y cuando eso se consiga el colapso vendrá por su propio peso, porque en la actualidad el dinero público es básico para sustentar los gastos de esta tradición.

Si en tu ciudad se celebran corridas de toros, pide a tu ayuntamiento que no las subvencionen con tu dinero. Afortunadamente hay buenas noticias: Cada vez hay más gente en España que mira a los animales con otros ojos, los ojos del que sabe que él mismo es un animal más.

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